En las primeras horas de este miércoles, un grupo de policías y presuntos trabajadores de construcción civil llevaron a cabo el desalojo del campo ferial de Huancaro en el distrito Santiago de Cusco, siguiendo una solicitud de la Procuraduría del Gobierno Regional. Alrededor de 150 ocupantes, miembros de la Asociación Regional de Productores Agropecuarios del Cusco (Arpac) fueron retirados del lugar esta mañana.
Oscar Moreano, gerente de infraestructura del Gobierno Regional Cusco, enfatizó en una entrevista la inaceptabilidad de usar a ancianos, mujeres y niños para obstruir el desalojo, que se realiza bajo el principio de autoridad. A pesar del registro de imágenes donde se ven agresiones contra miembros de la ARPAC, Moreano negó que hubiera enfrentamientos.
No obstante, la comunidad y los comerciantes expresaron su rechazo a la presencia de los presuntos trabajadores de construcción civil. Según ellos, durante el desalojo se dañaron sus productos y bienes, e incluso hubo apropiaciones indebidas. Mujeres afirmaron que fueron objeto de maltrato, incluso denunciaron la pérdida de celulares y dinero.
La policía nacional lanzó bombas lacrimógenas contra los agricultores y productores presentes, a pesar de que la mayoría eran mujeres. Los agentes, con el apoyo de supuestos obreros, irrumpieron en el predio del gobierno regional. Luis Machicado, líder de la Fartac, anunció que presentarán una denuncia contra el gobernador Werner Salcedo por violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, los consejeros regionales, Stig Loayza, Calandra Olivera y Macedo Rueda, se hicieron presentes en el lugar de los hechos, constatando la violencia generada en la diligencia de desalojo. Por ese motivo anunciaron que realizarán una denuncia penal contra el Gobernador Werner Salcedo. «Somos testigos de los gases lacrimógenos y hasta nos han tirado piedras desde adentro.
¿Es así como responde este ejecutivo regional a la población más vulnerable? Nosotros vamos a ir a hacer la denuncia penal porque no se pueden permitir esos actos», expresó Calandra Olivera, consejera regional de La Convención.
«Acá se están cometiendo muchos presuntos delitos: abuso de autoridad, omisión de funciones y hasta contra el cuerpo, la vida y la salud contra los hermanos de la ARPAC y contra nosotros mismos… ¿Cuál es el interés del «wayki» gobernador del Cusco?», expresó Stig Loayza, consejero de la provincia de Anta.
El Gobierno Regional del Cusco tomó control del campo ferial mientras los productores de la Arpac lamentan no tener dónde vender sus productos. Aún no hay declaraciones del Ministerio Público sobre el caso. Emma Arteaga, fiscal de prevención del delito, había advertido previamente sobre los riesgos del desalojo.
Llamado al diálogo
La congresista Ruth Luque hizo un llamado a la urgencia del diálogo con el Gobierno Regional Cusco. Asimismo, criticó al Gobernador Werner Salcedo por la insuficiencia de las medidas tomadas.
Describió los hechos ocurridos en Huancaro como lamentables, destacando que no hubo un plan de contingencia adecuado y que se usó violencia y gases lacrimógenos sin necesidad.
Luque ha pedido insistentemente que se priorice el diálogo y ha rechazado el uso de la violencia como respuesta a los productores agropecuarios de ARPAC. También ha solicitado la intervención de la Defensoría del Pueblo para asegurar el diálogo y prevenir más violencia.
Critican métodos para el desalojo
Según el analista político Jesús Manya, la gestión del gobernador regional Werner Salcedo está llena de contradicciones entre lo que hace y dice. «Sin embargo, curiosamente se actúa al revés, se cierra Huancaro sin reubicar a los más de ocho mil productores, se les deja en el desamparo y la desocupación de la noche a la mañana; se contradice su propia propaganda de la «reactivación económica».»
Asimismo, cuestiona el método de enfrentar a los gremios para hacer valer su principio de autoridad. «Lo más grave, por otro lado, es que se obligue a los trabajadores de construcción a enfrentar a sus hermanos productores; aprovechando la desesperación del trabajo ante tanta desocupación, han ordenado a sus trabajadores a cubrir de fachada a la PNP en el desalojo y la represión; este método es siniestro y repudiable de promover un enfrentamiento de pueblo contra pueblo, ni en los tiempos del fujimorismo se llegó a esta situación», expresó Manya a través de sus redes sociales, invocando a su vez el diálogo entre las partes.
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