En las últimas semanas, Perú ha enfrentado una devastadora ola de incendios forestales que ha cobrado la vida de 21 personas y ha impactado a 20 regiones del país. Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), en las 48 horas previas al 26 de septiembre, se registraron 7 445 focos de calor, la mayoría en la Amazonía, lo que representa un riesgo inminente de nuevos incendios.
Ucayali: la región con más riesgo de incendios forestales
Actualmente, Ucayali concentra el mayor número de focos de calor en el país con 2565. Los distritos con mayor riesgo son Coronel Portillo, con 1 537 focos, y Padre Abad, con 701. Las comunidades indígenas, ya en situación vulnerable, enfrentan un mayor impacto debido al deterioro de sus territorios. Solo en esta región, 1 513 focos de calor se encuentran dentro de reservas indígenas.
Después de Ucayali, Loreto reporta 1,472 focos, seguido por Huánuco con 843, San Martín con 680, Madre de Dios con 626, Junín con 286, Pasco con 278, Cusco con 175 y Cajamarca con 167. A nivel nacional, el Ministerio de Salud ha reportado alrededor de 150 personas heridas y más de 5 000 hectáreas de cultivos perdidos. Ángel Manero, titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) anunció la próxima entrega de un bono de 1 000 soles para los agricultores afectados. 
Falta de prevención y reacción tardía
Ángel Montesinos, especialista en gestión de riesgo de desastres y exdirector de la Dirección de Preparación del Indeci, señaló que la crisis climática y la falta de una cultura de prevención ha sido clave en la expansión de los incendios forestales.
“Las acciones preventivas debieron tomarse mucho antes, no solo en equipamiento, sino también en la sensibilización de la población”, afirmó. Entre el 1 de enero y el 25 de septiembre, el especialista destaca que se han registrado 818 emergencias por incendios forestales en todo Perú, con Áncash, Cusco y Pasco como las regiones más afectadas.
Actualmente, se mantienen activas 14 emergencias, principalmente en San Martín y Amazonas. Asimismo, señaló que más de 3 157 hectáreas de vegetación y terrenos agrícolas han sido destruidas por el fuego.
33 brigadas en 19 regiones
Montesinos explicó que, desde el 14 de agosto, se ha implementado un plan multisectorial que incluye la creación de 33 brigadas en 19 regiones, siendo Cusco la que cuenta con mayor número de brigadas.
«La policía ha sido la primera en llegar a las emergencias en la mayoría de los casos, seguida por los bomberos, quienes a menudo vienen de otras localidades con sus propios recursos y con apoyo limitado», expresó.
Finalmente, Montesinos advirtió que la falta de preparación ante desastres es un problema recurrente en el país que se repite cada año. “Ahora viene otra emergencia; dejamos atrás el incendio para adentrarnos en el fenómeno de El Niño, Yaku y otros eventos hídricos”, expresó. “Solo cambiamos de emergencia”, concluyó, instando a una mayor preparación y gestión de recursos.
Crisis climática y legislación inadecuada
El fenómeno de los incendios no solo es producto de malas prácticas humanas, sino que también se ve exacerbado por el cambio climático y fenómenos climáticos extremos.
El aumento de las temperaturas, junto con la intensa sequía y los vientos fríos, ha intensificado la propagación de los incendios. Aunque las recientes lluvias han ayudado a mitigar la situación en algunas zonas, la amenaza persiste.
Hace unos días, la ingeniera forestal Lucila Pautrat presentó una denuncia penal contra varios funcionarios del gobierno, incluyendo al presidente del Consejo de Ministros, acusándolos de facilitar la destrucción del bosque amazónico. Asimismo, denunció que la Ley N.º 31973, conocida como la «Ley Antiforestal», agravó la crisis de los incendios forestales.
Un llamado de las comunidades indígenas
Líderes indígenas, reunidos en la Selva Central, han exigido al gobierno que adopte medidas urgentes para frenar los incendios que devastan sus territorios. Critican la inacción estatal y denuncian que la falta de coordinación entre los diferentes niveles del gobierno ha agravado la situación.
Además, rechazan la criminalización de sus prácticas tradicionales de manejo del fuego, argumentando que estas son sostenibles y parte de su soberanía alimentaria. Advirtieron que de no recibir el apoyo necesario, se autoconvocarían para una movilización nacional en defensa de sus derechos y la Amazonía en un comunicado.
La demanda incluye la derogación de la «Ley Antiforestal» y la implementación de un plan coherente que aborde las verdaderas causas de los incendios, como la crisis climática y la deforestación.
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