El alcalde de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, adelantó que no otorgará alimentos del Programa de Complementación Alimentaria para el Paciente con Tuberculosis (PANTBC) a los reclusos que purgan condena en el penal de El Milagro. Argumentó que «nos roban, extorsionan, atacan y matan», negándose a ese pedido del Gobierno Nacional.
De esta manera, Reyna Rodríguez se pronunció sobre la Resolución Ministerial N° 159-2024-MIDIS, que modifica la Directiva N° 001-2017-MIDIS e incluye a los presos como beneficiarios del programa PANTBC. La autoridad municipal de Trujillo expresó su «total desacuerdo» y rechazó «entregar alimentos a los presos».
En un documento dirigido a la presidenta Dina Boluarte, el alcalde señala que es «una política de Estado incoherente» atender con alimentos a «personas que atentan contra la vida, salud y la tranquilidad de los ciudadanos». Solicitó que el ministro del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) derogue la norma.
El Programa PANTBC es una intervención del Estado a través del MINSA, MIDIS y gobiernos locales para la prevención y control de la tuberculosis, mediante acciones a favor de la recuperación de las personas que padecen esta enfermedad.
PIDE PENAS MÁS DURAS CONTRA EXTORSIONADORES
Respecto al avance de la delincuencia organizada y las extorsiones, Mario Reyna señaló que «ya no da para más» y que se necesitan penas más graves. Si bien en Trujillo distrito se han reducido algunos delitos, en otros distritos la estadística es alta y preocupante.
Para el alcalde de Trujillo, la solución no es solo tener más policías o poner al Ejército en las calles, sino que se requiere «inteligencia, observación, seguimiento, equipamiento y tecnología». Pidió endurecer las penas contra extorsionadores y asesinos.
¿PENA DE MUERTE?
Reyna Rodríguez fue tajante al afirmar que «aquellos que cortan dedos a la gente o arrojan dinamita a las casas no merecen ningún derecho» y que, desde su perspectiva, se debe aplicar la pena de muerte para quienes asesinan.
La autoridad de Trujillo consideró que la cárcel «no resocializa a nadie» y que es «un patio de recreo para los criminales» que les sirve «para capacitarse y salir más avezados». Consideró que las marchas de protesta deben hacerse solo en Lima.
Finalmente, el alcalde añadió que los políticos «no quieren poner mano dura porque después esas leyes podrían recaer sobre ellos», lo que parece ser el «temor» que los detiene.
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